¿ALGUNA VEZ LEISTE EL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL SANCIONADO EN EL 2004?
Nuevo Código Contravencional: menos trabajo, mas represión
Mientras los medios masivos intentan instalar el miedo generalizado, buscando justificar un mayor control sobre los sectores más desprotegidos, los funcionarios ligados a los intereses empresariales encuentran el terreno propicio para impulsar una legislación favorable a la preservación de sus privilegios. Detrás del discurso que define como delictiva a la protesta social, la verdadera violencia es impulsada y legitimada institucionalmente: el nuevo Código Contravencional (mal llamado "de Convivencia") introduce sanciones penales a conductas que no son delictivas y extiende el control y la censura sobre la ciudadanía en su conjunto.
Una medida inconstitucional para el control social
Según la Constitución, el Congreso Nacional es el único órgano capaz de sancionar leyes penales, lo que implica que ninguna provincia, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden crear nuevos delitos. Estas últimas solo están en condiciones de expedirse para cuestiones de naturaleza administrativa local, como las típicas infracciones de tránsito, la publicidad en la vía pública o la habilitación de comercios. Se trata de sanciones meramente administrativas, castigadas con multa, clausura e inhabilitación, sin privación de la libertad. Sin embargo, el nuevo Código introduce sanciones penales (como aquellas que imponen 30 días de arresto), que se aplican a conductas que no están contenidas en el Código Penal y que, por lo tanto, no son delito.
Según Silvia Delfino, del Area Queer - UBA, el nuevo código implica un retorno a los edictos policiales de la dictadura militar, en donde "la policía está autorizada a realizar detenciones sin una orden judicial previa, caracterizando como "contravención" la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohíbe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es, portación de cara, color, condición social, apariencia física." El carácter completamente anticonstitucional de esta medida muestra que no se trata de una herramienta impulsada para proteger a la ciudadanía, sino de un aparato represivo para vigilarla. Es por eso que su garrote caerá especialmente sobre quienes pertenecen a los sectores social y económicamente más desprotegidos: los jóvenes, los pobres, las minorías discriminadas, los extranjeros de países limítrofes, los trabajadores que sin otras opciones laborales realizan actividades en la vía pública y todos aquellos que pongan en evidencia la situación de exclusión y miseria que golpea a la población.
Reprimir para confundir
La nueva reforma del Código Contravencional se enmarca en una lógica que, desde los sectores de poder, busca diluir los conflictos sociales más profundos. Criminalizar la pobreza, el trabajo en la vía pública y la prostitución, no es más que una estrategia que busca esconder las desigualdades y condenar a quienes se organizan para protestar contra ellas. En medio de un contexto en el que cada vez más sectores se ven excluidos de la posibilidad de acceder a laeducación, la salud, el trabajo y la vivienda, el sistema represivo resulta funcional a un proyecto de contención que puebla las cárceles sin solucionar los problemas estructurales. De esta forma, se generaliza un mecanismo en el que todo aquello que molesta y fastidia a los ojos de quienes ven cuestionados sus privilegios, es sistemáticamente exterminado y castigado.
Que no avancen sobre nuestros derechos
Más de 20 mil integrantes de movimientos de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles, asambleas barriales, vendedores ambulantes y trabajadores sexuales y de diferentes empresas recuperadas vienen manifestándose pacíficamente para repudiar la sanción del nuevo código y la detención arbitraria de los manifestantes del 16 de julio. La Coordinadora contra el Código Contravencional ha producido la acción conjunta de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda, impulsando una campaña activa contra la criminalización de las minorías, la pobreza y la protesta. Si nos organizamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de juntar fuerzas para impedir el avance represivo. Es importante avanzar hacia la concientización de cada vecino, para que todos comprendamos que detrás de la aparente "ola de violencia" difundida por los medios, se esconde la intención de justificar un aparato de control y vigilancia sobre la población.
Inventar delitos para reprimir la protesta
Artículo 52, contra el escrache: se castiga a quién "hostigue, maltrate, intimide o provoque a terceros" y fija doble sanción cuando "la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas".
Artículo 56, contra los ahorristas: se castiga a quien "ingrese o permanezca" en lugares "de acceso público o privado", con sanción doble si la conducta se realiza en bancos o instituciones financieras.
Artículo 108, contra las protestas en los remates de viviendas: se castiga a quien "contribuya a frustrar una subasta pública".
Artículo 55 y 66, contra la actividad piquetera: se castiga la "obstrucción de vía pública" con pena agravada a quien "provoque embotellamientos de tránsito", y se sanciona a quien "obstaculice" el "ingreso o salida a lugares públicos".
Artículo 71, penalización de la prostitución: se castiga la "oferta de sexo en la vía pública",condenando a mujeres y travestis en estado de prostitución al cohecho (coima) policial bajo la forma de "zonas rojas", "saunas" o "casas de masajes" controladas por comisarios y grupos mafiosos.
Artículo 41, persecuciones múltiples: se penaliza"la obstrucción de la vía pública" y ha sido usado por los fiscales contravencionales para perseguir a manifestantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros, cartoneros, marchas y protestas.
Mientras los medios masivos intentan instalar el miedo generalizado, buscando justificar un mayor control sobre los sectores más desprotegidos, los funcionarios ligados a los intereses empresariales encuentran el terreno propicio para impulsar una legislación favorable a la preservación de sus privilegios. Detrás del discurso que define como delictiva a la protesta social, la verdadera violencia es impulsada y legitimada institucionalmente: el nuevo Código Contravencional (mal llamado "de Convivencia") introduce sanciones penales a conductas que no son delictivas y extiende el control y la censura sobre la ciudadanía en su conjunto.
Una medida inconstitucional para el control social
Según la Constitución, el Congreso Nacional es el único órgano capaz de sancionar leyes penales, lo que implica que ninguna provincia, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden crear nuevos delitos. Estas últimas solo están en condiciones de expedirse para cuestiones de naturaleza administrativa local, como las típicas infracciones de tránsito, la publicidad en la vía pública o la habilitación de comercios. Se trata de sanciones meramente administrativas, castigadas con multa, clausura e inhabilitación, sin privación de la libertad. Sin embargo, el nuevo Código introduce sanciones penales (como aquellas que imponen 30 días de arresto), que se aplican a conductas que no están contenidas en el Código Penal y que, por lo tanto, no son delito.
Según Silvia Delfino, del Area Queer - UBA, el nuevo código implica un retorno a los edictos policiales de la dictadura militar, en donde "la policía está autorizada a realizar detenciones sin una orden judicial previa, caracterizando como "contravención" la mendicidad, la vagancia, el merodeo, el desorden público, el escándalo, el cambio de ropa respecto del género, la ebriedad y la prostitución; en abierta contradicción con la Constitución Nacional que prohíbe, por discriminatoria, toda figura que tipifique delitos de autor: esto es, portación de cara, color, condición social, apariencia física." El carácter completamente anticonstitucional de esta medida muestra que no se trata de una herramienta impulsada para proteger a la ciudadanía, sino de un aparato represivo para vigilarla. Es por eso que su garrote caerá especialmente sobre quienes pertenecen a los sectores social y económicamente más desprotegidos: los jóvenes, los pobres, las minorías discriminadas, los extranjeros de países limítrofes, los trabajadores que sin otras opciones laborales realizan actividades en la vía pública y todos aquellos que pongan en evidencia la situación de exclusión y miseria que golpea a la población.
Reprimir para confundir
La nueva reforma del Código Contravencional se enmarca en una lógica que, desde los sectores de poder, busca diluir los conflictos sociales más profundos. Criminalizar la pobreza, el trabajo en la vía pública y la prostitución, no es más que una estrategia que busca esconder las desigualdades y condenar a quienes se organizan para protestar contra ellas. En medio de un contexto en el que cada vez más sectores se ven excluidos de la posibilidad de acceder a laeducación, la salud, el trabajo y la vivienda, el sistema represivo resulta funcional a un proyecto de contención que puebla las cárceles sin solucionar los problemas estructurales. De esta forma, se generaliza un mecanismo en el que todo aquello que molesta y fastidia a los ojos de quienes ven cuestionados sus privilegios, es sistemáticamente exterminado y castigado.
Que no avancen sobre nuestros derechos
Más de 20 mil integrantes de movimientos de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles, asambleas barriales, vendedores ambulantes y trabajadores sexuales y de diferentes empresas recuperadas vienen manifestándose pacíficamente para repudiar la sanción del nuevo código y la detención arbitraria de los manifestantes del 16 de julio. La Coordinadora contra el Código Contravencional ha producido la acción conjunta de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos de izquierda, impulsando una campaña activa contra la criminalización de las minorías, la pobreza y la protesta. Si nos organizamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de juntar fuerzas para impedir el avance represivo. Es importante avanzar hacia la concientización de cada vecino, para que todos comprendamos que detrás de la aparente "ola de violencia" difundida por los medios, se esconde la intención de justificar un aparato de control y vigilancia sobre la población.
Inventar delitos para reprimir la protesta
Artículo 52, contra el escrache: se castiga a quién "hostigue, maltrate, intimide o provoque a terceros" y fija doble sanción cuando "la contravención se cometa con el concurso de dos o más personas".
Artículo 56, contra los ahorristas: se castiga a quien "ingrese o permanezca" en lugares "de acceso público o privado", con sanción doble si la conducta se realiza en bancos o instituciones financieras.
Artículo 108, contra las protestas en los remates de viviendas: se castiga a quien "contribuya a frustrar una subasta pública".
Artículo 55 y 66, contra la actividad piquetera: se castiga la "obstrucción de vía pública" con pena agravada a quien "provoque embotellamientos de tránsito", y se sanciona a quien "obstaculice" el "ingreso o salida a lugares públicos".
Artículo 71, penalización de la prostitución: se castiga la "oferta de sexo en la vía pública",condenando a mujeres y travestis en estado de prostitución al cohecho (coima) policial bajo la forma de "zonas rojas", "saunas" o "casas de masajes" controladas por comisarios y grupos mafiosos.
Artículo 41, persecuciones múltiples: se penaliza"la obstrucción de la vía pública" y ha sido usado por los fiscales contravencionales para perseguir a manifestantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros, cartoneros, marchas y protestas.
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